Actualmente, la mayoría de la ciudadanía conoce las aplicaciones recreativas que tienen los drons, e incluso alguna de profesional, como la fotografía aérea. No obstante, el valor añadido que proporciona esta tecnología puede ir mucho más allá y aplicar para mejorar la eficacia de los servicios que las administraciones públicas locales ofrecen diariamente, como la coordinación de emergencias, el inventariado de arbolado o la automatización de los atestados en el caso de accidentes de tráfico, entre otros.

Un dron es un objeto volador sin piloto dentro de éste y, por lo tanto, una herramienta que tiene un conjunto de dispositivos de electrónica y mecánica que disfrutan de cierta autonomía y que son gestionados desde una estación del suelo. Existen diversas tipologías de estaciones del suelo: desde un mando de radio control o un sistema más autónomo hasta un PC, es decir, un sistema que mujer órdenes en el objeto volador. Se puede aplicar una comunicación unidireccional o bien bidireccional, en función de la misma.

La figura del dron como a apoyo en los servicios municipales y su regulación El uso del dron cuenta con una tecnología que actualmente está muy consolidada, aunque es cierto que su regulación frena su uso. En todas las operaciones municipales donde interviene un dron hay que hacer una valoración de los riesgos que permita asegurar que la acción será segura en cuando a riesgo de aire y riesgo de tierra. Por poder llevar a cabo y validar la autorización, hay diferentes entidades como lo agencia nacional competente en materia de seguridad aérea, que se encarga de gestionar los permisos de las personas u organizaciones que lo solicitan. Las entidades formadoras autorizadas son aquéllas que autorizan y certifican el piloto y el personal de mantenimiento.

Las nuevas legislaciones buscan estandarizar las autorizaciones en declaraciones responsables. Actualmente, nos encontramos en un periodo de coexistencia y transición de las diferentes normativas en vigor que son: El Real Decreto 1036/2017, el Reglamento de Ejecución 2019/947 (regulación sobre las operaciones) y el reglamento delegado 2019/945 (regulación sobre las plataformas dron). Estas normativas se prevé que coexistirán entre ellas hasta el 2023.

Aun así, el Ayuntamiento actualmente busca sinèrgies con otras ciudades para poder realizar diferentes casos de uso y poder analizar las casuísticas actuales, con el fin de evaluar la implantación del uso de los drons en los servicios públicos y que ésta sea útil y eficiente en el propio servicio y, al mismo tiempo también, ver qué margen competencial y de regulación está entre las ciudades para regular la operación de drons de terceros.

Es por eso que diferentes personas expertas en el sector del Ayuntamiento participan en una selección de mesas para poder abordar un conjunto de casuísticas entre las ciudades participantes, como en la última ponencia que se organizó desde RECI bajo el título “Drones y Smart Cities: Consideraciones legales, oportunidades y próximos pasos desde la perspectiva municipalista”. Para ver la ponencia hay que cliquear aquí