El visado de oro, conocido en inglés como Golden Visa, ya no será una opción para residir en Barcelona ni en el resto de España a partir del 3 de abril. Este mecanismo se aprobó en 2013, en plena crisis financiera, con el objetivo de atraer inversión extranjera al país.

La Ley 14/2013 permitía obtener una autorización de residencia por inversiones en proyectos empresariales, activos financieros o inmuebles por un valor superior a 500.000 euros. De estos tres supuestos que contempla la ley, el más solicitado desde su aprobación ha sido la adquisición de inmuebles, representando más del 90 por ciento del total de Golden Visas concedidas.

Un paso para mejorar la situación de la vivienda

Las solicitudes de visados de oro crecieron notablemente a partir de 2022, especialmente en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia, donde actualmente existe un mercado residencial más tensionado y la ciudadanía enfrenta dificultades de acceso a la vivienda.

Esta situación coincidió en 2022 con la petición de la Comisión Europea de eliminar este tipo de legislaciones, con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales y reducir otros riesgos de seguridad. A raíz de esta advertencia, países como Irlanda, Chipre o Portugal han eliminado la Golden Visa, tal y como hará ahora España.

¿Qué pasa con las solicitudes en curso o los visados ya concedidos?

El compromiso se concretó el 14 de noviembre a través de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una enmienda a la Ley Orgánica de Eficiencia Judicial para derogar los artículos que regulaban la concesión de visados de oro en todos los supuestos para el perfil de inversor. No obstante, el cambio no entrará en vigor hasta el 3 de abril de 2025.

En cuanto a las solicitudes presentadas antes de esta fecha, podrán continuar su trámite conforme a la normativa vigente en el momento de su presentación. Por otro lado, los permisos ya expedidos seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración. Finalmente, las solicitudes de renovación podrán tramitarse conforme a las disposiciones legales aplicables en la fecha de concesión de la autorización inicial.

Una vía para personas emprendedoras

La Ley 14/2013, conocida popularmente como «Ley de emprendedores», identificaba inicialmente cinco colectivos: personas inversoras, emprendedoras, investigadoras, profesionales altamente cualificados y traslados intraempresariales. A finales de 2022, se aprobó la conocida como «Ley de start-ups», que añadió un sexto colectivo: los nómadas digitales.

A partir del 3 de abril, la modificación aprobada eliminará el perfil de inversor de la Ley 14/2013, pero el resto de perfiles se mantendrán. Esto significa que esta legislación sigue siendo una vía fácil y rápida para obtener un permiso de residencia en el caso de personas extracomunitarias con perfil emprendedor.

El objetivo de la ley, en relación con este colectivo, es incentivar la atracción de proyectos empresariales de especial interés económico y/o de carácter innovador. Esta innovación puede estar presente en el modelo de negocio, los productos o servicios ofrecidos, la utilización de tecnología propia o el uso de patentes, entre otros.

También se buscan proyectos empresariales con escalabilidad, ya sea por el atractivo del mercado, por la fase de vida de la empresa, por la competencia o por las características del equipo de trabajo.